Hace 250 años, Adam Smith sostenía que una parte del valor del suelo era producto del buen gobierno y que, por tanto, resultaba razonable gravarla.
Si los servicios que proporcionan los gobiernos locales son deficientes, ¿cómo pretender que los ciudadanos acepten pagar más predial sin exigir mejores resultados?
La iniciativa de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado, busca modernizar los catastros. Pero modernizar el cobro no garantiza mejores servicios ni mayor confianza.
Millones de propietarios pagan predial sin saber a dónde va su dinero y no confían en que la autoridad lo gaste bien. Mientras tanto, calles y espacios públicos siguen deteriorados, con alumbrado insuficiente, y un nivel de inseguridad que en la última década ha promediado más de 30 millones de víctimas anuales, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
La Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales muestra que los municipios que reportaron ingresos por predial pasaron de 2 mil 110 en 2002 a mil 760 en 2024.
Ese mismo año, de acuerdo con ese mismo censo, municipios de 31 entidades programaron recaudar más de 90 mil millones de pesos y solo cobraron alrededor de 48 mil 700 millones, la mitad.
No basta con actualizar el valor catastral de los inmuebles; los municipios tienen que asumir su responsabilidad de mejorar los servicios públicos. Por eso importa qué ocurre con el dinero recaudado.
Algunas organizaciones proponen que una proporción del predial se destine a mejorar los servicios y la infraestructura locales. En particular, usarlo para impulsar la seguridad.
El objetivo es establecer una regla que obligue a que parte de la recaudación se traduzca en mejoras visibles, verificables y cercanas a los contribuyentes.
Hay referentes internacionales de esto. En Nueva York, los Business Improvement Districts (distritos de mejora empresarial) cobran contribuciones especiales para limpieza, seguridad y mantenimiento de la zona. En Santa Fe, Argentina, mejoras de banquetas incentivaron pagos posteriores de predial. Estas medidas muestran que las aportaciones pueden vincularse a mejoras territoriales.
También hay evidencia experimental en México. En Acayucan, Veracruz, la pavimentación de calles elevó el cumplimiento del predial entre los propietarios beneficiados.
Otro referente es el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana de Chihuahua que canaliza fondos etiquetados a prevención, justicia penal y dignificación policial, sujetos a monitoreo y auditoría externos.
No es predial ni replicable como tal, pero muestra que etiquetar el ingreso propio a un beneficio tangible y someterlo a escrutinio fortalece la disposición a pagar.
Otra condición es la transparencia. Imagine recibir, junto con el recibo del predial, un informe claro sobre las mejoras realizadas en su localidad. Tal vez entonces dejaría de ver este impuesto como una carga sin destino y empezaría a exigir y reconocer su valor público.
