El Instituto Nacional Electoral (INE) expuso los impactos que tendrían al padrón electoral y la credencial para votar por las reformas enviadas por la Presidencia de la República para generar una nueva CURP con datos biométricos, así como para la búsqueda de personas desaparecidas.
Entre los principales puntos de atención están un posible aumento de abstencionismo al existir otra identificación oficial diferente a la credencial de elector, así como una baja de confianza de la ciudadanía hacia el padrón electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió propuesta de reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas y Ley General de Población.
En la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, el titular del área, Alejandro Sosa, señaló que un análisis preliminar considera los impactos de la iniciativa presidencial relacionados con el padrón electoral y la credencial para votar, así como en identificación de personas desaparecidas.
Sosa expuso que también deben estudiar los alcances en materia de identidad e identificación, ya que según la iniciativa, la Secretaría de Gobernación deberá integrar los datos biométricos de las personas a la clave única del registro de población.
La propuesta de reforma establece que la transferencia de datos biométricos obre en poder de las autoridades de los tres órdenes de gobierno hacia el Registro Nacional de Población previa autorización del titular, sin embargo, no se señala si el INE deberá entregar la información del padrón electoral.
Sobre la versión digital de la CURP biométrica, que estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno, resaltó que lo ven como un área de oportunidad con la finalidad de tener un acercamiento y conocer los alcances en virtud del convenio de apoyo y colaboración que están revisando en conjunto.
Actualmente el INE tiene 33 convenios de colaboración vigentes con fiscalías y comisiones de búsqueda a nivel federal y estatal para la localización e identificación de personas desaparecidas; sin embargo, hay siete estados que no se han sumado.
La consejera Carla Humphrey también pidió revisar los avances con los convenios de colaboración que siguen pendiente con siete estados: Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán.
Campaña excluye a pueblos indígenas y afromexicanos
Por otra parte, la integrante de la Red de Abogadas Indígenas, Flora Gutiérrez, aseguró que la campaña y propaganda para la elección extraordinaria de cargos del Poder Judicial de la Federación realizada por el INE se ha olvidado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Esto implica, dijo, que se está dejando de lado a 42 millones de personas, 39 millones que se autoadscriben como indígenas y tres millones como afromexicanas.
Durante su participación en el foto “Ningún agresor al Poder Judicial. Retos de la Reforma Judicial y el Derecho Real de las Mujeres a las Justicias”, dijo que el proceso electoral en el que se eligieron a quienes ocuparán los cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas y juezas y jueces, no es conocida en los pueblos y comunidades indígenas, o no hay claridad sobre la forma en que emitirán sus votos.
Concepción Rueda, diputada local por Morena, por su parte, negó que la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación sea un mecanismo para garantizar esos puestos a personas cercanas o allegadas a sus partidos político.
Esto, argumento, porque se hizo una convocatoria abierta; prueba de ello, agregó, es que se les “colaron” personas vinculadas al crimen organizado y hombres y mujeres violentadoras de mujeres.
La directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentaria y la Equidad Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, en su intervención destacó que entre los retos de la reforma al Poder Judicial de la Federación es que los nuevos integrantes conozcan del control de convencionalidad para garantizar los derechos humanos en la ponderación de las normas locales con los tratados internacionales.
