El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional contra la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, a fin de obtener una suspensión para interrumpir su aplicación mientras se resuelve el fondo.
La segunda parte contempla las leyes generales de Instituciones y procedimientos electorales; de Partidos Políticos; de Medios de impugnación en materia electoral y la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En un comunicado el Instituto sostuvo que está defendiendo no solo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales.
En esta demanda se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgue una suspensión, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y sus efectos, así como la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el INE y a los derechos políticos de la población.
Este recurso se suma a la controversia constitucional presentada por el INE el miércoles 1 de febrero en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
