La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, presentó avances en la investigación y acciones de búsqueda relacionadas con el Rancho Izaguirre, un sitio de adiestramiento ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
En un comunicado, detalló que se han localizado indicios relevantes, como dos fragmentos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir, entre otros.
De acuerdo con la autoridad, los indicios están siendo analizados y procesados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco.
“A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención”, aseguró.
Referente a los fragmentos de restos óseos, informó que se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino, pero que no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.
“Es importante resaltar que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas al resultado de los análisis forenses”, indicó la Fiscalía General de la República.
Como parte de la investigación, destacó que, al momento, se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.
Recomendación de la ONU contra FEJ
Por vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
A través de un comunicado, el organismo explicó que en marzo de 2025 atrajo la investigación por presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que personal acudió al lugar para realizar diligencias de observación y reconocimiento.
La CNDH expuso que no advirtió constancias para acreditar el aseguramiento de varias prendas ni la elaboración de los registros correspondientes de cadena de custodia, “lo que permite presumir la existencia de omisiones en la actuación de los elementos de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía y del IJCF”.
Indicó que la Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas de la FEJ y el IJCF.
Por ello, la Comisión Nacional solicitó a las personas titulares de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos.
