La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una denuncia formal ante la Contraloría Interna del Senado contra Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, por presuntas faltas administrativas y delitos penales, entre ellos cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y ocultamiento de conflicto de interés.
La panista argumentó que la denuncia se sustenta en investigaciones periodísticas y documentos oficiales que revelarían ingresos no declarados por 79 millones de pesos, presuntamente provenientes de empresas contratistas del Gobierno de Tabasco durante la gestión de López Hernández como gobernador entre 2018 y 2022.
Empresas
Entre las firmas señaladas figuran GH Servicios Empresariales S.A. de C.V., catalogada por el SAT como empresa con operaciones simuladas (EFOS), además de Operadora Turística Rabate y Capital Cargo del Golfo, beneficiadas con adjudicaciones directas durante su administración.
“La omisión de declarar dichos ingresos constituye una falta administrativa grave, y podría configurar delitos como defraudación fiscal equiparada, cohecho y enriquecimiento ilícito previstos en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal.
La legisladora solicitó que se abra una investigación integral sobre la evolución patrimonial de Adán Augusto, que incluya la revisión de sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los ejercicios 2022 a 2025.
Además, pidió dar vista al Ministerio Público, al considerar que existen elementos suficientes para la apertura de una investigación penal por delitos fiscales y corrupción.
