Legisladores e integrantes de la dirigencia nacional del PRD ingresaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del acuerdo presidencial por el que se ordenó la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en apoyo de la Guardia Nacional.
En el documento se recuerda que al subordinar el mando civil al mando militar, el Estado Mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que los órganos de seguridad pública deben de estar en manos de civiles, y no de militares.
Por eso, la instrucción “es una explícita militarización de las funciones de seguridad pública que el Estado mexicano está obligado a proporcionar a la población para proteger su vida y sus bienes, sin embargo, el presidente y Alfonso Durazo están abriendo paso a la constante violación a los derechos humanos” con esa participación militar, se estimó.
