La procuración de justicia, además de garantizar el acceso equitativo a la legalidad y la reparación del daño, permite mantener la confianza en las instituciones. Sin embargo, en décadas pasadas se cometieron sistemáticamente actos indebidos a lo largo del proceso judicial que dejaron una imagen deteriorada que se ha tenido que reparar, recuperar y sobre todo preservar.
El combate a la corrupción en todas sus formas ha sido una tarea prioritaria del proyecto de nación. Con el reciente caso del exfiscal de Morelos, en donde se ha demostrado y castigado la obstrucción de la administración de justicia, el encubrimiento por favorecimiento y la tortura, se da cuenta del compromiso por eliminar cualquier mecanismo que impida que las víctimas reciban la justicia que merecen, además de castigar con todo el peso de la Ley a quienes utilicen su cargo y fuero para influenciar indebidamente los procesos judiciales.
La lucha contra la corrupción en la procuración de justicia requiere de reformas profundas que fortalezcan la independencia y la rendición de cuentas en todas las fiscalías del país. Por tanto, se vuelve fundamental contar con mecanismos de supervisión externa que aseguren la objetividad en la actuación de los órganos encargados de la investigación criminal.
La transparencia debe seguir siendo un pilar en todas las actuaciones ministeriales, y los peritajes autónomos representan una herramienta clave para evitar la manipulación de pruebas o la distorsión de los hechos. Asimismo, los mecanismos de denuncia deben garantizar protección a quienes decidan señalar irregularidades dentro del sistema de justicia, para que ningún servidor público actúe con impunidad.
La ciudadanía debe tener la certeza de que las investigaciones serán llevadas hasta sus últimas consecuencias, con apego a la ley y sin distinciones. También es importante mencionar a los órganos de control dentro de las organizaciones que están para investigar y sancionar cualquier acto irregular de las y los servidores públicos.
En el caso de las Fiscalías se encuentran las unidades de asuntos internos, y en el Poder Judicial estarán ante la transformación de lo que hasta ahora es el Consejo de la Judicatura y cuyo cambio responde precisamente a señalamientos de ineficacia y corrupción.
Sólo con instituciones sólidas y sometidas al escrutinio público será posible garantizar que la justicia sirva a la sociedad y no a los intereses de unos cuantos.