Este miércoles el presidente López Obrador adelantó que no estaba de acuerdo con que se retirara esta figura, por lo que ello se abordará en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), discusión programada para hoy.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la SCJN que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional exponiéndolos a la corrupción y a la violencia.
Por medio de un comunicado, el Gobierno Federal fijó su postura sobre el proyecto.
El Gobierno Federal pidió al máximo tribunal del país que al momento de resolver este proyecto considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la FGR.
“En consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, acotó.
En sus argumentos el Gobierno Federal expuso que es “fundamental” la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
