El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, al afirmar que su país estaba siendo invadido por el Tren de Aragua.
Su orden ejecutiva subrayó que este grupo “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio” y que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo y se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
La ley otorga una amplia autoridad en tiempos de guerra que le permite al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas, para acelerar las deportaciones masivas de personas que se encuentran ilegalmente en el país, lo que podría impulsar su prometida ofensiva contra la inmigración a una velocidad mayor.
La declaración de Trump alegando que es una fuerza hostil que actúa a instancias del gobierno venezolano. Se produce el mismo día en que un juez federal en Washington prohibió al gobierno deportar a cinco venezolanos bajo la orden prevista, un indicio de la batalla legal que se está gestando en torno a la medida del presidente.
La Ley de Enemigos Extranjeros otorga a los presidentes estadounidense poderes extraordinarios que les permiten ordenar el arresto, la detención y la deportación de extranjeros a partir de los 14 años de edad y que procedan de países que, a juicio del mandatario, estén protagonizando una “invasión o incursión depredadora” en el país.
Además, el mandatario ordenó que “todos los enemigos extranjeros descritos estén sujetos a aprehensión, detención y expulsión inmediatas y, además, que no se les permitirá residir en Estados Unidos”.