La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ya recibió el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026. En él se expresan las expectativas y prioridades de gasto del gobierno mexicano, así como las decisiones fiscales que guiarán la actividad económica del país.
La responsabilidad de la Cámara de Diputados de analizar, discutir y aprobar en tiempo y forma este paquete es muy importante.
El paquete consta del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Ingresos y de una miscelánea fiscal que impacta en otros ordenamientos. El plazo límite para que esté totalmente aprobado es el 15 de noviembre.
Al recibir dicho paquete los diputados están obligados a velar porque esta atribución se cumpla de la manera más correcta y ética, garantizando que cada voz y cada visión encuentren cauce en un proceso responsable y abierto.
Lo anterior, ya que su aprobación permite que las instituciones de gobierno funcionen en los órdenes federales y locales, garantizando certidumbre y, con ella, la posibilidad de prosperidad para el país.
El Paquete Económico es uno de los instrumentos más poderosos de la política pública: en él se define cómo se recauda y cómo se gasta. A través de esas decisiones se pueden transformar las condiciones de vida de los mexicanos, quienes merecen que los servicios públicos se otorguen sin interrupción, que las instituciones tengan recursos para operar y que el uso de sus impuestos sea transparente.
Las personas y las empresas merecen reglas claras y fundadas sobre sus obligaciones y esto sólo puede alcanzarse con un paquete económico que se debata de manera amplia, libre, responsable, plural y de frente a la ciudadanía con la participación de todos los actores que conforman la vida económica del país.
El Paquete Económico es una propuesta del Poder Ejecutivo y corresponde al Poder Legislativo revisarla con rigor, enriquecerla con una visión plural y, sobre todo, velar porque las decisiones finales respondan al mandato y a los intereses del electorado.
Se sabe que la aprobación de dicho paquete siempre implica un debate intenso, porque la asignación presupuestal es, también, un debate de convicciones que se refleja en la política que se construye desde la palabra: en la verdad, en el diálogo y, por supuesto, en el debate abierto.
En este proceso no pueden perder el objetivo que todos comparten: que México tenga una política económica que permita el crecimiento y la prosperidad, y una política fiscal que garantice el bien común de los mexicanos.
México quiere y necesita que el poder legislativo trabaje con sentido de responsabilidad.
