A más de un año de su creación, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular, no cuenta con los recursos, personal e infraestructura adecuada para hacer frente a las necesidades de salud de la población mexicana, aseguró la diputada federal priista, Marcela Guerra.
Y es que señala que en 2018 solamente 13.7 % de la población rural no contaba con acceso a los servicios de salud, y con la actual administración federal aumentó hasta 30.5 % en 2020, y en las zonas urbanas de 17 a 27.4 %.
Por ello, expresó que es indispensable trabajar en la creación de programas, módulos, clínicas y servicios para la población de manera inmediata, pues “no es un tema presupuestario, sino un tema de trabajo y correcta aplicación de los programas para la cobertura de salud y aseguramiento de este derecho”.
La legisladora neoleonesa destacó la falta de compromiso del Insabi con los habitantes de esa entidad, a quienes se les ha negado la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos para las personas sin seguridad social, por lo que, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó un exhorto para que el instituto informe a este órgano legislativo sobre las acciones realizadas para garantizar la cobertura universal de dichos servicios a los neoleoneses.
Además, pidió que el organismo remita un informe pormenorizado del uso y destino del presupuesto asignado para mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud de ese estado.
Estimó que en México el bajo acceso a la salud y seguridad social no sólo es consecuencia de la informalidad, sino que incluso tiene una relación estrecha con el nivel socioeconómico, donde las clases sociales en niveles más bajos que la media y grupos vulnerables son quienes menor acceso a estos derechos tienen.
