Senadores del PRI solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un informe de antecedentes y detalles sobre la ampliación del gasoducto que va del municipio de Jáltipan, Veracruz, al de Salina Cruz, en Oaxaca, operado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural.
También solicitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para que dentro de sus atribuciones, inicie un proceso de consulta previa, libre e informada, a fin de que no se vulneren los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de un punto de acuerdo, los senadores priistas explicaron que en el año 2015 la Secretaría de Energía (Sener) de México lanzó un plan quinquenal en el que se destinaron 643 millones de dólares para la ampliación del gasoducto Jáltipan-Salina Cruz.
Pero la revisión más reciente del plan, dada a conocer en 2020, indica que la ampliación del gasoducto deberá tener una capacidad de 320 millones de pies cúbicos diarios, con una inversión estimada de 435 millones de dólares y un plazo de desarrollo de tres a cuatro años.
Recordaron que en junio de 2019 se realizó el encuentro “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se anunció la necesidad de suministrar gas natural a la zona sur-sureste del país, ante la llegada de diversos proyectos detonadores a la región.
El gasoducto ampliado llevaría gas natural para exportación a través de un nuevo centro de licuefacción de gas.
Al mismo tiempo, también abastecería la refinería de Salina Cruz, el proyecto de la central eléctrica de cogeneración Salina Cruz de 812 MW, un nuevo puerto de gran calado para atender a grandes petroleros en Salinas del Marqués y 10 parques industriales a lo largo del Corredor Interoceánico.
Así como un corredor ferroviario rehabilitado, programado para estar listo en el 2023 y que cruzaría el Istmo de Tehuantepec, desde el golfo de México hasta el océano Pacífico.
