El coordinador del grupo parlamentario el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó un proyecto de reforma para ampliar el catálogo de sanciones por la coparticipación de organizaciones delictivas en procesos electorales, entre las que destacan retirar el financiamiento público a partidos políticos, la cancelación del registro de candidaturas, la pérdida de registro y cárcel de 15 a 30 años.
Propone modificar diversas disposiciones de las Leyes Generales en Materia de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, y del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
En la Ley General en Materia de Delitos Electorales plantea cancelar el registro de candidatura y negar la participación del partido político, en caso de acreditarse la participación de organizaciones delictivas en el proceso electoral.
Así como retirar el financiamiento de campaña a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, y la pérdida de registro de los partidos políticos.
Cuando se acredite la presencia del crimen organizado en las campañas electorales o se atente contra la vida de un candidato, los Congresos locales podrán iniciar el procedimiento de disolución de gobierno municipio.
En la Ley General de Partidos Políticos propone obligar a los partidos políticos a pronunciarse en contra de la intromisión del narcotráfico y organizaciones criminales en sus procesos internos y electorales en sus documentos básicos; además de abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos.
