Ambientalistas exigen a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir para cancelar la realización de una pelea de gallos en la escuela primaria “Emiliano Zapata” de Santiago Yosotiche, Oaxaca, previsto para el próximo 29 de marzo, pues el maltrato animal de esta práctica es violatorio al artículo 3° de la Constitución de México.
“La realización de este tipo de actividades dentro de un plantel educativo es una grave violación a las leyes y principios que rigen la educación en México. (...) En diciembre de 2024, se hicieron reformas a la Constitución Política, incorporando la protección y bienestar animal.
“En el artículo 3.º se estableció que la educación impartida por el Estado debe promover la protección y el bienestar de los animales, integrando estos temas en los planes y programas educativos. Sin embargo, esta reforma no ha sido aplicada en la realidad, pues las autoridades educativas no han tomado medidas para garantizar su cumplimiento”, denunció al respecto la activista por el bienestar animal Lucía Hernández.
De acuerdo con la convocatoria, difundida en redes sociales por activistas, la realización del evento tiene como objetivo conmemorar el 99 aniversario del ejido, cuya organización fue iniciativa del colegio y el comisariado ejidal para recaudar fondos.
“Los derechos indígenas no pueden usarse como excusa para permitir actividades que atentan contra la educación y el bienestar animal en un contexto de apuestas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que intervengan de inmediato y detengan este evento.
“Esta práctica dentro de una escuela contradice directamente la Ley General de Educación, que establece que las escuelas deben fomentar el desarrollo integral de los estudiantes con base en valores de respeto, convivencia pacífica y formación ética respecto a los animales (...) y también va en contra de la Ley de Bienestar Animal de Oaxaca”.
Lucía Hernández agregó que la “Ley Federal de Juegos y Sorteos estipula que las apuestas en este tipo de eventos requieren permisos especiales de la Secretaría de Gobernación, lo que hace que la legalidad del evento sea cuestionable”.