La vía penal debe estar reservada para delitos comparativamente mas graves en materia tributaria, consideró el catedrático español, César García Novoa.

En entrevista con El Universal durante su visita a México, habló sobre las implicaciones de la reforma penal fiscal a la que dio reversa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de la reforma que aprobó el Congreso de la Unión a principios de la presente administración para aplicar la prisión preventiva en automático a factureros y evasores por medio del outsourcing, al equiparar esos delitos con la delincuencia organizada, por representar un peligro para la seguridad nacional.

También comentó sobre las experiencias en otros países para enfrentar ese tipo de defraudación fiscal.

Dijo que no es constitucional extender esta medida cautelar para cualquier comportamiento defraudatorio, porque deber ser la última razón, el último instrumento.

Antes de la reforma penal fiscal que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020 en México, sólo ameritaban prisión preventiva oficiosa o en automático los delitos por homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo y sabotaje. También la corrupción, el tráfico de menores y delitos contra la salud.

Con la reforma se consideraron también la evasión fiscal por medio de la emisión y recepción de facturas falsas para simular operaciones y el outsourcing.

Para el expresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, es importante matizarlo, porque un asunto es lo abstracto, y otro es entrar a detalle para ver que la conducta esté correctamente tipificada, como por ejemplo el uso de facturas falsas.

Explicó, que no es lo mismo que se aplique la prisión preventiva oficiosa a pequeños contribuyentes que falsearon con o sin intención su declaración de impuestos.

Sin embargo, para el caso de una asociación entre dos o más contribuyentes, que lo hacen con dolo, en donde hay un acuerdo o pacto para simular una operación que no existe, un falseamiento de la realidad o lavado de dinero, “ahí yo creo que se podría prever la vía penal; no veo inconveniente”, argumentó García Novoa.