Aunque en los últimos dos años ha crecido el número de personas encarceladas en México, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva, además de que viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.
Un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, titulado “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, sostiene que, desde sus orígenes, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad, pues desde el año 2008 esta medida aplica para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros, que lejos de disminuir aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país.
El estudio, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, destaca que entre 2020 y 2021 -como consecuencia de la reforma constitucional que amplió la aplicación de la prisión preventiva de oficio- aumentó el número de personas presas acusadas de cometer los delitos que se incorporaron en el artículo 19 constitucional. Sin embargo, esto no impidió que algunos de estos delitos siguieran aumentando.
Por ejemplo, los feminicidios aumentaron un 3.2 %; el abuso sexual un 23 %; la desaparición forzada un 13 %; y los delitos electorales lo hicieron en un 557 %, en el marco del proceso electoral de 2021.
