La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró que nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan reconocido el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), al señalar su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia.
Indicó que siguió con particular atención el importante debate que sostuvo el pleno de la Corte en materia de PPO y saludó el esfuerzo de quienes han procurado acotar la aplicación de esta medida privativa de la libertad, considerada claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales.
Destacó que diversos mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han señalado la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dijo que la ONU-DH reconoce la disposición constructiva y colaborativa de los ministros y las ministras, particularmente de quienes redactaron los proyectos sometidos a discusión, y el valor de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes secundarias que indebidamente extendieron el marco de aplicabilidad de la PPO.
Destacó la oportunidad que se ha perdido para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.