De tiempo atrás, el transporte, como gremio, ha ido perfilándose como un desafío para la sociedad en general. Es como otras cofradías y sindicatos problema, un escollo que agravia y ataca a la sociedad, que además asalta calles en las ciudades y bloquea carreteras para exigir supuestos derechos en perjuicio de los de la colectividad a la que no da el servicio que debe recibir, con respeto y responsabilidad.
Los miembros del autotransporte en diversas modalidades, propietarios de concesiones de taxis, carga y camiones para traslado de material de construcción, entre otros, se plantan y obstruyen horas o días las principales avenidas de las ciudades.
En el grupo también hay gente que cuenta con supuestos permisos para prestar servicio de transporte que solo se ven en África o en las comarcas más atrasadas como Afganistán, por lo inseguro. Los empresarios de las “combis”, el transporte colectivo que cada día aparece en las páginas de nota roja de los periódicos, con distintas cantidades de heridos, fracturados y muertos en accidentes de tránsito, destacan por ese perfil.
Los empresarios del transporte colectivo, empleadores irregulares que hasta hoy han ignorado el Programa de Regularización del Empleo, no pagan salario a sus trabajadores, al revés, exigen enormes cuotas y jornadas que violan la Ley Federal del Trabajo. No otorgan prestaciones, ni contribuyen al régimen fiscal que deriva de esa peculiar relación. Es decir, son infractores, porque evaden responsabilidades que cumplen todos los causantes. Pero este sector privilegiado, aún así, toma y asalta calles de las ciudades y carreteras.
De acuerdo con estudios recientes realizados tiempo atrás pero que están más vigentes ahora, sobre accidentes de tránsito en esta modalidad de transporte, tres de cada diez usuarios han sufrido accidentes mientras viajaban en colectivo y el 60 por ciento de éstos ha sido por choque, 22 por arrancones, 14 por golpes entre pasajeros, cuatro por atropellamiento y tres por ciento por ponchadura de llanta. Sin embargo, lo sucedido hace unos días en la Región Soconusco inaugura una nueva forma de dañar a la sociedad. En un hecho de tránsito se produjo un incendio en el interior de una unidad, por lo que un elevado número de usuarios resultaron con graves quemaduras. Es un accidente, se argumentará. Sin embargo eso pudo haberse evitado si procedieran las revisiones que por ley están obligados a acatar.
Es decir, se trata de un servicio que no sólo no responde a las necesidades, sino que atenta contra el interés de la colectividad, que agravia a toda la sociedad.
En este marco, ocho de cada diez usuarios aseguran haber presenciado que el chofer excede el límite al transportar pasajeros parados. El 72 por ciento de los colectivos deja de circular a las diez de la noche, como si la actividad productiva de la ciudad terminara a esa hora.
El transporte colectivo en las ciudades es un servicio anormal porque está fuera de la ley en todo, desde el tipo de vehículo que utiliza, debido a que es totalmente inapropiado. Pero como si fueran empresarios modelo, desafían con amagos y de paso agreden y perjudican a la ciudadanía, como han venido haciendo hace tiempo, al paralizar ciudades con sus unidades, por cualquier capricho.
No es el único gremio que atrae la atención al conducirise como verdadero crimen organizado que desafía al Estado con el fin de imponer sus propias reglas, por encima del mandato de la ley. Así se ve en la educación pública, así también algunos otros con diversas siglas, la misma conducta.
