Promueven acción de inconstitucionalidad

Promueven acción de inconstitucionalidad

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Bonilla”.

El priista presentó este recurso legal al igual que representantes del PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y del PRD; en todos los casos se argumentó que la legislación impugnada busca ampliar “de manera ilegal”, de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California.

Esta misma acción fue realizada por Ángel Ávila, presidente nacional del PRD.

Luego de interponer su recurso, el perredista explicó que acudió a la SCJN porque la “Ley Bonilla” es “a todas luces una ley que va en detrimento de la vida democrática y que pone en riesgo todas las conquistas democráticas ganadas a lo largo de más de 30 años de transición política”.

La legislación impugnada por los partidos, y que ya fue publicada en el Periódico Oficial de Baja California, establece que el mandato de Jaime Bonilla Valdez, próximo gobernador del estado, se ampliará de dos a cinco años.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, explicó que desde las 08:00 horas de este viernes, su partido promovió el recurso legal “ante un hecho muy delicado en México que pretende vulnerar el orden constitucional y democrático, que pretende ampliar el mandato a un gobernante electo, que pretende legislar en la Constitución para una persona y que, además, es el laboratorio para el intento de ampliación de mandato que se puede pretender a nivel federal”.

Por su parte, Clemente Castañeda, senador del MC, también acudió al Máximo Tribunal, donde calificó la “Ley Bonilla” como una “atrocidad” y una “mapachada” contra la cual se interpuso la acción de inconstitucionalidad.

“El día de hoy pedimos su intervención a la SCJN sobre un tema que nos debería preocupar a todas las mexicanas y todos los mexicanos. La llamada ‘Ley Bonilla’ es una acción que violenta principios democráticos, que violenta la voluntad del gobierno de Baja California y que violenta el orden constitucional mexicano”, expresó Clemente Castañeda.