Imponer una pena de cinco a ocho años de prisión y de 500 a mil 500 días de multa para los servidores públicos que omitan iniciar una investigación como probable feminicidio u obstaculice o entorpezcan la procuración o administración de justicia, es lo que propone en su iniciativa la diputada morenista Laura Imelda Pérez Segura.
También plantea que si un servidor público filtra información, fotos, videos o evidencias de la investigación, se le impondrá la misma pena y será destituido e inhabilitado de 5 a 10 años.
Agregó que la propuesta se basa en el análisis de la tipificación del delito de feminicidio, que han realizado los congresos locales en todas las entidades federativas para que las modificaciones planteadas en la iniciativa sirvan de guía para enunciar los elementos circunstanciales que permitan acreditar la existencia o no del delito de feminicidio.
Entre las modificaciones planteadas destacan incluir a todas las mujeres en su diversidad y etapas de vida, agregando circunstancias específicas que faciliten la identificación de las razones de género y que eliminen los obstáculos en la investigación de los casos de feminicidio; como el que haya antecedentes de violencia de género, denunciados o no, que la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión o desprotección real frente al sujeto activo y que el cuerpo o restos de la víctima sean ocultados en espacios públicos de libre concurrencia.
