El asambleísta Mauricio Toledo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la Ciudad de México, a fin de castigar de cinco a 10 años de prisión a funcionarios que pidan a los trabajadores un pago forzado.
En su iniciativa propuso que se castigue al servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
Asimismo, planteó que al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades se le impongan de cinco a 10 años de prisión, y de 400 a 600 días multa.
El legislador perredista señaló la necesidad de evitar que se repitan casos como el del municipio de Texcoco en el Estado de México, donde durante la gestión de Delfina Gómez se cobraba “diezmo” a los trabajadores del ayuntamiento.
En este sentido, consideró urgente la aprobación de una iniciativa que pone límites a las conductas indebidas.
“Aunque sé que causa incomodidad para algunos, no debemos permitir que delegados, próximos alcaldes o presidentes municipales saquen de los trabajadores de base y de confianza dinero para financiar campañas electorales”, dijo.
Por ello, recalcó, propongo reformar el Código Penal “para perfeccionar el tipo penal y aumentar las penas para aquellos funcionarios públicos que pretendan engordar sus bolsillos a costa de los ingresos de los trabajadores, sean del servicio público o del sector privado”.
