Ante el grave problema de huachicoleo de agua que se registra en diversos estados del país, el senador Juan Carlos Loera presentó una iniciativa de reforma que crea un nuevo tipo penal federal relacionado con la apropiación ilícita de aguas nacionales, para fortalecer la protección del patrimonio hídrico del país.
El proyecto de decreto propone una reforma integral a cuatro leyes federales y contempla sanciones de cuatro a 15 años de prisión, así como multas millonarias para quienes extraigan, desvíen o comercialicen agua nacional sin autorización.
Con esta acción, Loera busca anteponer el interés del pueblo frente a cálculos políticos-electorales y avanzar en el Plan Nacional Hídrico.
En su trabajo como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Loera identificó que la sobreexplotación de mantos acuíferos es un problema extendido, particularmente en estados fronterizos con Estados Unidos, como Chihuahua. Datos recabados por organismos operadores estatales indican la existencia de más de 131 mil tomas clandestinas entre 2019 y 2023 en casi todos los estados del país.
Además, la instalación de tomas clandestinas, el desvío ilegal de agua y el uso de infraestructura no autorizada generan pérdidas anuales equivalentes a más de 600 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“No podemos permitir que se robe impunemente un recurso que es propiedad de la nación y un derecho humano para todas y todos los mexicanos”, argumenta Loera en la justificación de esta iniciativa, que reconoce el riesgo sistémico que representa el robo de agua en un contexto de sequías crecientes, estrés hídrico y debilidad institucional.
También se propone la extinción de dominio de tierras, pozos y equipos utilizados en el delito, destinando los recursos recuperados a la rehabilitación de cuencas y obras hidráulicas.
