Después de que la semana pasada aprobaron la reforma constitucional «para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural», que provocó manifestaciones de protesta de grupos feministas, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes una iniciativa para condenar a «muerte civil» a servidores públicos y docentes que incurran en hostigamiento o acoso sexual.
Actualmente, el Código Penal establece al respecto que si el hostigador sexual fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, se le impondrá una pena de destitución e inhabilitación de uno a dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, adicional a una pena de uno a dos años de prisión y multa hasta de 40 cuotas para cualquiera que incurra en el citado delito.
La propuesta de modificación presentada por el PAN, que fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, señala que “si el hostigador fuera servidor público o docente, y utilizase los medios o circunstancias que el cargo o empleo le proporciona, además se le impondrá una pena de destitución e inhabilitación permanente para desempeñar, empleo, cargo o comisión público, o en la docencia, según el caso“.
La iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 271 bis 1 del Código Penal del Estado de Nuevo León fue presentada por el diputado blanquiazul Juan Carlos Ruiz García, quien argumentó que las mujeres a lo largo de la historia han tenido que librar grandes luchas para hacer visibles los abusos y hacer efectivos sus derechos.
Entre ellos mencionó el derecho a ser visibles, a no ser cosificadas, a tener trabajos y condiciones laborales dignas, a estudiar, a ser dueñas de sí mismas, a tener un trato igualitario en cuanto a oportunidades y al ejercicio pleno de sus derechos.
