Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio presentó modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propuso derogar las disposiciones que imponen un candado a la actuación del Ministerio Público y que otorgan el monopolio de la querella a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que la facultad constitucional que le “corresponde al Ministerio Público de la Federación” para “la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal” se ve mermada.
Explicó que se pretende que la Fiscalía General de la República proceda de oficio en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la SHCP, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 62 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Los delitos corresponden a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o sean completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos que deban presentarse; y a quien de manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos presentados.
Precisó que Hacienda, cuando tenga información a la que le da acceso esta ley, deberá presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el mismo artículo.