El Senado analiza una iniciativa que plantea que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y no de la Sedena para recuperar su mando civil, así como el Ministerio Público (MP) sea quien dirija las investigaciones y no instancias militares para evitar excesos y violaciones a derechos humanos.
La iniciativa de reforma constitucional elaborada por la senadora del PRI, Carolina Viggiano, propone que la Federación cuente con la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad del orden federal, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.
Ello con la coordinación y colaboración de las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.
“La presente iniciativa no solo busca garantizar que toda intervención de carácter militar en funciones de seguridad ciudadana se encuentre debidamente regulada por la ley y sometida al control de órganos civiles, sino que se busca hacer más clara la relación entre los sujetos que intervienen en la investigación de los delitos”, se indica en la iniciativa.
Se establece de manera inequívoca que las instituciones mencionadas —el Ministerio Público, la Secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, la Guardia Nacional y las policías— están compuestas por personas que deben actuar bajo la conducción y mando del MP.
De esta manera, se refuerza la idea de que el Ministerio Público siempre será el responsable de la investigación y su coordinación, mientras que las otras instituciones deben actuar bajo su liderazgo, garantizando la jerarquía y unidad en la investigación.
“Es por todo lo expuesto que resulta imperativo aprobar esta reforma, no solo porque su adopción representa el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano, sino porque al hacerlo se garantizará que la Guardia Nacional conserve su naturaleza civil y que las investigaciones penales sean conducidas por autoridades ministeriales competentes, lo que permitirá fortalecer el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”.
