Integrantes de organizaciones indígenas que defienden sus tierras, y colectivos de defensores de derechos humanos, protestaron hoy en la Ciudad de México en contra de la criminalización por inconformarse con la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo (CIIT).
La protesta se realizó en la mañana de ayer martes, frente al Museo Nacional de Antropología, donde los manifestantes denunciaron que 24 campesinos indígenas ayuujk y binizá, de las comunidades de Mogoñé Viejo y Rincón Viejo, enfrentan procesos penales por defender su territorio.
Entre los 24 campesinos vinculados a procesos penales, están tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte (Ucizoni), que, pese a que son beneficiarios del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, están criminalizados.
Desde el 2019, cuando el entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició con el CIIT, las comunidades han sufrido desalojos violentos, amenazas y represión, frente al silencio de otras autoridades a quienes los organismos ambientales, les piden que dialoguen.
En un comunicado emitido este martes, las organizaciones campesinas y de los defensores de derechos humanos, exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob), que frene la criminalización en contra de los 24 indígenas de San Juan Guichicovi y Matías Romero.
Entre las personas denunciadas, se encuentran tres integrantes de la Ucizoni: Juana Inés Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Pérez Hernández, reconocidas por su labor como personas defensoras del territorio y beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con la organización Artículo 19, hoy enfrentan criminalización a través de procesos judiciales. Lo que refleja el clima de hostigamiento e intimidación que enfrentan las personas defensoras del territorio, en contravención del artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que establece la obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, mencionaron, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico.