Los integrantes de la agrupación Sol Rojo bloquearon este martes la carretera Panamericana, a la altura del Puente Ostuta, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, lo anterior como una medida para pronunciarse en contra del Tren Transístmico, columna vertebral del proyecto del Corredor Interoceánico que emprende el Gobierno Federal.
Este bloqueo está enmarcado en lo que llamaron “Paro Regional Campesino-Popular en Istmo de Tehuantepec”, que se lleva a cabo en Salina Cruz, Ostuta y Reforma de Pineda, con manifestaciones y el bloqueo carretero.
Sol Rojo indicó que el Plan para el Desarrollo del Istmo, como se llama oficialmente al proyecto, no ha sido informado ni consultado con los pueblos y comunidades indígenas, ni con los asentamientos populares a las orillas del trazo que se verán afectados con las obras.
Aseguraron también que no se les ha brindado certeza jurídica sobre las acciones, obras y decisiones que conlleva este megaproyecto.
El Plan para el Desarrollo del Istmo sigue la línea de anteriores proyectos que se trataron de impulsar en la región, y aunque fueron nombrados Proyecto Alfa-Omega, Plan Puebla-Panamá, Proyecto Mesoamericano y Zonas Económicas Especiales -Salina Cruz y Coatzacoalcos-, en función de cada administración federal que intentó concretarlo.
Actualmente, el plan que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene proyectado nuevos parques eólicos, minerías a cielo abierto, parques industriales de almacenamiento-embalaje, subestaciones eléctricas, ampliación de súper carreteras, modernización y ampliación de ductos petroquímicos, modernización y ampliación de vías férreas y estaciones de operación ferroviaria, modernización y ampliación del puerto, indicó Sol Rojo.
También asegura que este proyecto convierte sus comunidades “en grandes burdeles donde la delincuencia organizada, la violencia, la prostitución, las adicciones y la descomposición del tejido social serán nuestra nueva normalidad”, explica el documento.
Eliot Escobar recalcó que en Salina Cruz se pretende desalojar de sus viviendas a las familias que viven a las orillas de la vía férrea, con la promesa de pagarles algunos meses de renta, pero que nadie les da certeza jurídica sobre su derecho a una vivienda digna, como lo marca la Constitución.
