Los pueblos indígenas han cargado por siglos pobreza, despojo, desolación y la indiferencia institucional. Pero su herencia cultural, aunada a su diversidad, son el importante presente que forja como una nación que merece un futuro con justicia social.
El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es un recordatorio para el mundo que la deuda histórica con estos debe saldarse sin demora.
En 2024, antes de concluir el gobierno del presidente López Obrador, se concretó la reforma constitucional al artículo 2º, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta modificación no solo ancló en la Constitución su libre determinación, autonomía y participación, sino que obligó al Estado a garantizar sus derechos con políticas concretas.
Hoy, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solamente está dando continuidad a estas políticas humanistas, sino que está llevando acciones profundas e integrales.
En diciembre de 2024, ya como presidenta constitucional, restituyó 2 mil 178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara, tan solo por citar un ejemplo.
Además, ha impulsado programas de becas y pensiones para mujeres indígenas de 60 a 64 años, atención médica comunitaria y la preservación lingüística con la traducción del artículo 2º constitucional a 57 lenguas indígenas.
Recientemente, en Amealco de Bonfil, Querétaro, entregó 139.9 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas (Faispiam) a 176 comunidades de los pueblos otomí, pame y huasteco, destinados a obras de agua potable, drenaje, electrificación y caminos.
Sin embargo, construir un futuro con justicia también implica prever los desafíos que se aproximan. La Organización de las Naciones Unidas realiza un análisis sobre los “Pueblos Indígenas e inteligencia artificial: Defendiendo sus derechos de cara al futuro”, donde advierte que los avances tecnológicos son una oportunidad, pero también un riesgo de perpetuación de los viejos patrones de exclusión.
Algunos países europeos, como Dinamarca, están dando los primeros pasos en la elaboración de una ley que no solamente permita el desarrollo de esta tecnología, sino dé regulaciones centradas en la protección del ser humano.
México no puede quedarse atrás, por ello, la presidenta ha pedido trabajar en el marco legal que regule y fomente su desarrollo, incluyendo la protección del medio ambiente, la reducción de la brecha digital, la salvaguarda de la propiedad intelectual, la seguridad y justicia en conjunto y por supuesto, la participación de la sociedad.
El reto para el Estado es garantizar que la tecnología sirva para empoderar, no para sustituir. Los pueblos indígenas son nuestro orgulloso pasado, presente y futuro; por tanto, la tecnología deberá estar al servicio de todas y todos los mexicanos, no de las desigualdades.
