México es un país de raíz indígena, aunque ese origen aún incomode a ciertos sectores, acostumbrados a mirar la diversidad desde la distancia.
La presencia de esta raza milenaria habita y se mantiene viva en las formas cotidianas de hablar, en los nombres de las calles, colonias y barrios, incluso en los platillos y festejos.
Durante el siglo XX, el Estado atendió esa realidad desde el indigenismo, una política que llevó servicios e instituciones a numerosas comunidades y que también definió, desde el poder público, la manera en que debían incorporarse al proyecto nacional.
En 1992, la Constitución reconoció la composición pluricultural de la nación; en 2001 se incorporó la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos.
2019 ocupa un lugar importante, por ser el año en el que los pueblos y comunidades afromexicanas fueron reconocidos en el artículo 2º de nuestra Constitución.
Cinco años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió una nueva reforma al mismo artículo. Desde entonces, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó la elaboración de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que será sometida a consulta previa, libre e informada antes de ser enviada al Congreso de la Unión.
La tarea de esta ley será llevar el reconocimiento constitucional a las asambleas comunitarias, los ayuntamientos, las escuelas, las clínicas y los tribunales.
Ahí se comprobará su verdadero alcance, la capacidad de una comunidad para acreditar a sus autoridades y participar en las decisiones que afectan su territorio y su forma de vida.
Los pueblos indígenas y afromexicanos han sostenido durante generaciones una parte esencial de la historia, la cultura y la organización social.
La ley que ahora comienza a construirse puede convertir ese reconocimiento constitucional en derechos que se ejerzan plenamente dentro de las instituciones.
Pero estos esfuerzos legislativos no pueden quedarse solo en la letra; la inclusión en la norma no lleva al ejercicio de manera automática, es trabajo de todas y todos transformar el sistema de valores que por años les ha tenido invisibilizados, integrarlos en la vida diaria y respetarles en sus derechos y formas de organización.
