Tras la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma a la Ley de Ingresos que impone gravámenes específicos a los videojuegos con contenido violento, ha surgido en el debate público la interrogante de si la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene la facultad de anular dicha medida de forma directa.
La respuesta, fundamentada en el marco constitucional mexicano, es un rotundo no: el Ejecutivo carece de facultades para derogar unilateralmente una norma emanada del Poder Legislativo.
La imposibilidad de la presidenta para dejar sin efecto esta reforma radica en el principio de división de poderes, columna vertebral de la democracia en México.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de gobierno se divide en funciones diferenciadas para evitar la concentración del poder en una sola figura.
El artículo 72 de la Constitución establece que la facultad de crear, reformar o derogar leyes y decretos es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
En este sentido, una vez que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Ingresos para establecer impuestos a los videojuegos, este se convirtió en un mandato legal que el Ejecutivo está obligado a cumplir.
La vía administrativa puede funcionar como una alternativa de corto plazo, mediante la emisión de un decreto presidencial de estímulo fiscal con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación.
