El actual Gobierno recibió un país marcado por la violencia, con la cifra de homicidios en un máximo histórico de 36 mil 685, dato que en 2021 —el más reciente publicado por el Inegi— presentó una disminución de 985 casos, equivalente al 2.6 por ciento. Es decir, la violencia en su manifestación más cruel comienza a ceder, pero no a la velocidad ni a la intensidad necesarias para que las y los mexicanos puedan vivir en paz.
Estas estadísticas delincuenciales, son uno de los pocos instrumentos que permite comparar de manera objetiva el pasado con el presente. Sin embargo, se trata también de un enfoque que no refleja el dolor de quien perdió a un ser querido a manos de la violencia; el miedo que las comunidades capturadas por el crimen organizado tienen que enfrentar diariamente, ni las distorsiones sociales que esto provoca.
Por eso, se busca un proyecto por la reconciliación el cual parta de la mayor deuda con la sociedad que se encuentra en este terreno. Desde hace décadas, el Estado ha venido perdiendo el control de parte del territorio; no ha sido capaz de ofrecer seguridad; hay lugares donde no existe presencia institucional, y territorios completos bajo el control del crimen organizado.
El Poder Legislativo, en esta y en la pasada legislaturas, ha sido un actor fundamental en la construcción y revisión de la estrategia de seguridad. Por un lado, de manera acertada, se fortaleció la política social como el mecanismo para combatir las causas raíz de la delincuencia y la violencia. Sin embargo, los resultados de ese tipo de mecanismos tienden a ser de largo plazo; por ello, esta visión se complementó con la formación de un nuevo cuerpo de seguridad.
La Guardia Nacional fue diseñada y creada bajo la lógica de combinar el orden civil con la disciplina castrense. No obstante, e independientemente del debate en torno a la institución, a cuatro años de su creación, se debe reconocer que la violencia no cesa, lo mismo que la presencia de los grupos del crimen organizado.
Dos episodios lamentables: el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, y el del coronel Héctor Miguel Vargas Carrillo, que lamentablemente tuvo lugar el sábado en Michoacán.
La pacificación será uno de los grandes temas por tratar durante el proceso de sucesión presidencial que se avecina. Las plataformas políticas deberán posicionar este tema en el centro de sus propuestas, para permitir que las y los mexicanos cuenten con una verdadera oportunidad de vivir con paz y tranquilidad. Tenemos que apostar al fortalecimiento y a la modernización de las corporaciones de seguridad; a la focalización de los programas sociales en los territorios más vulnerables, y a la generación de oportunidades que alejen a nuestras juventudes del terreno criminal. Esa, y no otra, deberá ser nuestra prioridad. Ese será el punto de quiebre.