El 3 de julio de 1955, fue un día histórico para el país ya que, por primera vez en una elección federal, las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto y que la ciudadanía pudiera, también, votar por ellas.
En este comicio, en la que participaron más de tres millones de mujeres, solo cuatro fueron electas diputadas federales: Aurora Jiménez de Palacios, María Lavalle Urbina, Carmen Castañeda y Dolores Jiménez y Muro.
70 años después de ese hecho histórico, muchas luchas han librado las mujeres por lograr un objetivo común: una sociedad igualitaria en derechos para alcanzar una paridad de género en la representación política y la igualdad sustantiva.
En la legislación de 1993 se “recomendó” a los partidos políticos promover una mayor participación política de las mujeres con acciones afirmativas.
Posteriormente, vinieron a finales de los 90 y principios del año 2000, las llamadas cuotas de género que establecieron para los partidos políticos una obligación de postular 70-30 %, dejando a las mujeres en desventaja y, posteriormente, elevando este porcentaje a un 60-40 %.
Fue hasta 2014 cuando el Legislativo, gracias a la exigencia de diversos colectivos de mujeres, determinó elevar a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para el Congreso de la Unión y las legislaturas locales.
En 2019 se da vida, luego de una serie de reformas a diversas leyes, a la normativa denominada “Paridad en Todo” que impulsó la paridad no solo en los cargos de elección popular, sino en la integración de todos los poderes y niveles de gobierno, así como en los órganos autónomos y en los sistemas normativos indígenas.
Sin embargo, a mayor visibilidad de las mujeres, desafortunadamente un fenómeno también ha ido en crecimiento: la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Este fenómeno se ha incrustado como un cáncer que afecta no solo la representatividad de las mujeres, también, revela que aún se vive en un estado patriarcal que se combatirá solo a través de un nuevo enfoque e impulso de una nueva cultura cívica.
Bajo este contexto, la paridad de género en la representación política es una realidad en el Congreso de la Unión y en los parlamentos de las entidades federativas.
Sin embargo, por ejemplo, a nivel municipal, las mujeres al frente de una Presidencia Municipal apenas representan el 30 %; este es uno de los niveles de representatividad donde debe trabajarse en los próximos años y en el que claramente se violenta más a las mujeres.
No basta con tener una presidenta si no se materializa una igualdad de oportunidades; no basta con que haya una nueva legislación en materia de igualdad sustantiva si existen acciones que van en sentido contrario como los partidos políticos que no asignan el porcentaje respectivo de su financiamiento público al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.
No hay que esperar a ver resultados en otros 70 años, la sociedad exige un cambio hoy, no mañana.
