Sobran razones para luchar por la implementación de la cobertura universal de salud: es inaceptable que la mitad de la población global no tenga acceso a servicios esenciales; es una vergüenza que —en pleno siglo XXI— las mujeres tengan que exigir el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos, como el de contar con el mismo salario y la misma representación de los hombres; y es una tragedia que cada 7 segundos muera una madre o su bebé por incapacidad de los sistemas de salud. En síntesis: sin acceso a la salud es imposible que la gente pueda alcanzar mejores niveles de bienestar, ya ni pensar que los países alcancen los objetivos de la Agenda 2030.
La salud es un tema fundamental para la Asamblea General de la ONU; tan es así que en septiembre se llevarán a cabo 3 reuniones de alto nivel sobre tuberculosis, cobertura universal de salud, así como preparación y respuesta ante pandemias. Cada uno de estos foros cuenta con sus co-facilitadores y se desarrollará en procesos paralelos; pero al final, la lógica nos indica que deberían estar relacionados, ya que los sistemas de salud sólidos y universales podrían atender cualquier reto que se presente.
El Presidente de la Asamblea General, Csaba K?rösi, convocó a participar en las audiencias con distintos actores que son indispensables; en ese propósito dialogan con parlamentarios, representantes de los gobiernos locales, liderazgos de la sociedad civil, personal médico y actores de la iniciativa privada.
Es claro que se está ante un momento crítico para la humanidad. Lograr el acceso universal a los servicios de salud para el año 2030 aún es posible —como originalmente se acordó en el seno de la ONU— si los gobiernos nacionales realmente se comprometen a implementarlo.
UHC2030 —en un proceso plural e incluyente— elaboró la Agenda de Acción, documento que propone ocho prioridades rumbo a la reunión de septiembre. Para alcanzar el éxito y lograr la cobertura universal de salud es una decisión política. Es decir, si bien la declaración de la AGONU será fundamental, la realidad es que los gobiernos deben colocar a la salud en la más alta prioridad, es un asunto de voluntad política y de diseñar una adecuada ruta de implementación.
Los gobiernos —nacionales y locales— y los parlamentarios deben abandonar erróneas y graves creencias: la salud no es un costo, es una inversión. Y de hecho, es la inversión más importante a realizar en la gente que ha confiado en ellos. La salud no es un privilegio, es un derecho humano.
Así, las audiencias realizadas en la ONU hace unos días dejaron un mensaje muy claro para todos los gobiernos del mundo: se necesita que los jefes de estado se comprometan con acciones y resultados concretos, nadie quiere escuchar más discursos huecos. No se puede permitir que la capacidad económica de cada paciente o su familia continúe decidiendo quién vive o quién muere.