En los últimos días se ha instalado en la conversación pública la idea de que el Instituto Nacional Electoral atraviesa un momento de debilidad, de cara al proceso electoral federal 2026-2027.
Vale la pena recordar que el INE es una institución construida a lo largo de más de tres décadas y que su solidez no descansa en una sola persona, ni siquiera esencialmente en su Consejo General.
Más allá de las narrativas, su trayectoria demuestra la fortaleza de una institución cuya autonomía tiene sustento constitucional.
Desde su nacimiento como IFE, el 11 de octubre de 1990, la autoridad electoral ha pasado por crisis políticas, reformas de fondo y cambios en su conducción.
En ese tiempo construyó un padrón confiable y una credencial para votar con fotografía que se convirtió en la principal identificación de la ciudadanía; obtuvo su autonomía constitucional en 1996; organizó las elecciones de 2000, que dieron lugar a la primera alternancia en la Presidencia de la República; se transformó en INE en 2014, y condujo las elecciones de 2018 y 2024, la consulta popular de 2021, la revocación de mandato de 2022 y la inédita elección judicial en 2025. A lo largo de ese periodo cambiaron las personas al frente de la autoridad electoral, pero la institución siguió cumpliendo su tarea.
Buena parte del mérito corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional. Su origen se remonta al diseño institucional de 1990, cuando comenzó a formarse un cuerpo de especialistas en organización electoral.
Con la reforma de 2014 adquirió carácter nacional, con un sistema para el INE y otro para los organismos públicos locales. Es el personal de carrera que, desde las 32 juntas locales y las 300 distritales, trabaja en la actualización del padrón, la capacitación de la ciudadanía que recibe y cuenta los votos en las casillas y la organización de los cómputos. Son, en pocas palabras, quienes saben hacer elecciones en México.
A ese servicio se ingresa por concurso público, mediante una evaluación de conocimientos. En junio pasado, más de 11 mil personas presentaron el examen del Concurso Público 2026 en sedes de todo el país, para ocupar poco más de 300 plazas.
Quienes ingresan quedan sujetos a evaluaciones del desempeño y a procesos de profesionalización. Este diseño, poco visible para la opinión pública, ofrece una garantía importante de imparcialidad: el ingreso del personal que organiza las elecciones depende de sus conocimientos, no de su cercanía con alguien.
Por ello, un cambio en la conducción del Instituto no constituye, por sí mismo, una crisis institucional. El Consejo General es un órgano colegiado, los procedimientos están previstos en la ley, los partidos vigilan cada etapa y el servicio de carrera sigue trabajando. La autonomía de la autoridad electoral cuenta, además, con protección constitucional.
Las instituciones son más que las personas que las encabezan. El INE lo ha demostrado durante 36 años.
