La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un documento enviado al Senado con diez consideraciones sobre la Ley de Seguridad Interior, previene que “no puede suprimirse de tajo” la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, pues “lejos de contribuir al orden nacional “dejaría un nicho propicio para el fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales”.
Establece el ombudsman que el regreso de los militares a los cuarteles, a “sus funciones constitucionales primarias, debe ser gradual y verificable”, dentro de los estándares del principio de legalidad.
Previene que las fuerzas armadas, en tanto emprenden el retorno a los cuarteles, deben evitar participar en la prevención e investigación de los delitos.
