Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, realizaron la primera audiencia pública para analizar la reforma a la Ley de Amparo, en materia de improcedencia; y realizará dos más, los días 11 y 13 de octubre.
De 15 participantes que tenían en lista las comisiones unidas, sólo se presentaron nueve constitucionalistas y expertos en derecho, quienes expresaron su preocupación porque las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, debilitan la justicia en México, ya que dificulta a los ciudadanos el acceso al amparo, en lugar de facilitar la protección de los derechos humanos ante los actos de la autoridad.
Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, afirmó que si se debilita la suspensión, el juicio de amparo perderá eficacia y “dejará de ser un instrumento de protección de Derechos Humanos… todos, todas quedaríamos expuestos a actos arbitrarios de autoridad sin un mecanismo como es la suspensión”.
Explicó que el artículo 128 de la reforma plantea introducir el concepto de interés público, que dificultaría acceder al amparo.
Causales de improcedencia
En su turno, Magdaleno Villanueva Flores, especialista en derecho laboral, dijo que en el artículo 107 de la Ley de Amparo se incrementan las causales de improcedencia, lo cual “en vez de facilitar su trámite y procedencia, lo complica y vuelve más técnico, y en consecuencia eso dificulta al gobernado la defensa de sus derechos humanos”.
José Barrios Moreno, abogado constitucionalista, dijo que si el Gobierno Federal busca que la Ley de Amparo no se utilice como una herramienta para retrasar juicios, también se deben revisar otras leyes.
“Si lo que estamos buscando es, precisamente, el que no se utilicen los mecanismos de defensa como medios dilatorios, también tenemos que ver lo que está pasando en otras cuestiones, y creo que vale la pena también echar un vistazo a lo que está sucediendo con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia”, detalló.
Por su parte, Luis Curiel Piña, vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, propuso que en la reforma a la Ley de Amparo no se reduzcan los medios de garantía.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena), explicó que el sentido general de la reforma es que una vez agotadas las instancias, y en el caso de un asunto que ya haya sido impugnado y quedado firme, no se genere un procedimiento infinito.
