En el marco de otra semana tumultuosa de daño autoinfligido por una Administración bisoña en Washington, se ha desatado una oleada de especulación y miedo con respecto a lo que podría ocurrir con los 11 millones de migrantes indocumentados -5 millones de ellos mexicanos- que viven en Estados Unidos. La alta probabilidad de que se intensifiquen operativos antiinmigrantes en meses venideros se magnifica por las acciones impredecibles y descoordinadas del nuevo gobierno estadounidense. Y qué duda cabe que ello se da en un momento de inflexión global: flujos de migrantes y refugiados están detonando rebeliones políticas en naciones alrededor del mundo. La elección estadounidense no sólo fue el rechazo de un estamento político; fue un referéndum sobre la ansiedad étnico-cultural y económica que permea regiones del país. Más que nunca, EU esta hoy partido a la mitad, en dos polos opuestos y sin espacios visibles de conciliación; de un lado, un electorado urbano, multiétnico, liberal y mayoritariamente católico que votó por Clinton y el partido Demócrata, y del otro uno blanco, suburbano y rural, mayoritariamente protestante, que le dio la victoria a Trump y al GOP. Pero para poder responder adecuadamente a lo que se podría perfilar para México y para millones de nuestros connacionales en EU, hay que entender qué sí y qué no está ocurriendo con la política migratoria (la columna de hoy) y dónde radican las bases para potenciales acciones diplomáticas y de política pública del Estado mexicano (la próxima columna).
La semana pasada agentes de migración llevaron a cabo operativos en 12 estados, arrestando, con propósitos de deportación, a 680 personas. Pero si comparamos esas detenciones con operativos similares durante la administración Obama, es claro que no son singulares: en su primer año, el promedio de arrestos fue de 675 semanales, y durante los dos cuatrienios hubieron por lo menos seis operativos a nivel nacional en los cuales fueron arrestados más de 500 migrantes indocumentados. Pero también hay diferencias. Sin contar detenciones en frontera, poco más del 90 por ciento de las deportaciones a cargo de Immigration and Customs Enforcement (ICE) del Departamento de Seguridad Interna (DHS) durante el gobierno de Obama fueron de inmigrantes con antecedentes criminales. Ahora con Trump, mediante dos memorandos de política firmados por el Secretario de DHS John Kelly, las prioridades fijadas anteriormente por Obama para deportar a inmigrantes criminales y a personas con potenciales vínculos con organizaciones terroristas han sido revertidas y se amplían a todo aquel que ingrese ilegalmente al país, aún sin haber cometido delito grave alguno en EU. Estos memoranda no incluyen recurrir a la Guardia Nacional para apoyar operativos migratorios, como lo estipulaba un borrador filtrado hace algunos días a la prensa. Y a pesar de que una de las promesas de Trump en campaña fue terminar con el programa de Obama que suspendía la deportación para menores que llegaron a EU con sus padres (los llamados “Dreamers”), los memoranda no hablan de sobreseerlo. Sí incluyen en cambio medidas para desincentivar el flujo de menores no acompañados a EU, apuntando que se buscará fincar cargos criminales a padres y familiares que paguen o recurran a polleros, y la deportación de migrantes de otros países por la frontera con México. También buscan ampliar la colaboración con policías municipales y estatales para que éstas se conviertan en coadyuvantes de las autoridades migratorias federales, el programa conocido como 287(g), el cual se convirtió en ley durante la administración Clinton, se utilizó de manera agresiva durante la de Bush y fue básicamente ignorado por la de Obama.
