Por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la suspensión cautelar de la entrega del programa “Tarjetas para el Bienestar” en los seis estados donde hay elecciones, pues “la entrega de programas sociales no se detiene por las campañas electorales”.
“No se puede paralizar la función pública” en campañas, según el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), establecieron los consejeros.
El PAN acusó uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, difusión de propaganda gubernamental en campañas, lo que está prohibido por la ley y coacción al voto por la entrega de las tarjetas, pero todo fue desestimado por la Comisión.
La consejera Adriana Favela explicó que en el caso de las tarjetas, se trata de un programa social pero la entrega se realiza con base en reglas de operación que ya fueron aprobadas previamente y el padrón también ya estaba conformado, en tanto que el TEPJF ha establecido que no se pueden suspender programas sociales en procesos electorales.
Sin embargo, el consejero Benito Nacif expuso que la queja del PAN también alude la presunta entrega de una carta firmada por López Obrador y que acompaña las tarjetas, lo que sí constituiría promoción personalizada del presidente y una supuesta emisión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, pero no se han encontrado evidencias de que esa misiva exista.
Así, el acuerdo avalado estableció que aun cuando se ha entregado la tarjeta, no se acompaña carta o documento alguno, se hace la entrega personal en el domicilio de los beneficiarios o en las oficinas de la Secretaría del Bienestar, en tanto que los padrones de ese programa ya fueron cerrados antes del 30 de marzo, por lo que no se advierte que se coaccione el voto o que se realicen entregas en eventos masivos que pudieran poner el riesgo para la equidad.
Por todo eso los consejeros indicaron que no se aprecian irregularidades que lleven a la aplicación de una medida cautelar de suspensión de entrega de las tarjetas en los estados de Puebla, Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas.