Virgilio Andrade e Irma Eréndira Sandoval, titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, usaron los mismos argumentos para exonerar a los investigados en los casos de la “Casa Blanca” y de Manuel Bartlett.
Para ambos encargados de la SFP, no había nada turbio en la compra de inmuebles por decenas de millones de pesos porque las respectivas esposas de Peña Nieto y de Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), usaron dinero propio para las transacciones.
Sin embargo, a Angélica Rivera sí se le indagó (con recibos de salario, entrevista con su último empleador e informes fiscales), algo que la SFP de Sandoval no hizo, según la información dada a conocer hasta este viernes.
Asimismo, tanto Sandoval como Andrade argumentaron que sólo podían evaluar el periodo en que Peña Nieto y Bartlett fungían como funcionarios federales en activo.
Para los expertos Mauricio Merino, José Antonio Crespo, Lourdes Morales y Alfonso Zárate, la investigación de Irma Eréndira Sandoval fue sesgada y errónea.
