En un oficio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, su “conducta dilatoria” al no resolver dos casos por los que Hacienda reclama el pago de más de 35 mil mdp a Grupo Salinas.
“La conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas y es violatoria del artículo 17 constitucional”, se indica en el documento de la Segob.
La Segob expone su “gran preocupación” debido a la tardanza injustificada en turnar los amparos directos en revisión con números 5654/2024 y 6321/2024, recibidos para su tramitación el 4 y 12 de julio pasado.