Lo que debía ser un acto para ofrecer disculpas públicas por parte del gobierno de Jalisco a los familiares de cuatro personas desaparecidas el 30 de septiembre de 2010 en los límites con Zacatecas, se convirtió en reclamo por parte de los agraviados y evidenció que la relación entre la administración estatal y los colectivos de búsqueda sigue siendo tensa.
La mañana del jueves, para dar cumplimiento a la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, reconoció “la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por violar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas”, pues tras la denuncia de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchis, tanto las autoridades de Jalisco como las de Zacatecas fueron omisas y no iniciaron la búsqueda inmediata.
Sin embargo, durante su discurso, Zamora evitó la palabra “disculpa” y no fue más allá de señalar que el gobierno estatal se solidariza con las familias de las víctimas y reconoce su lucha en busca de “la dignidad, la verdad y los derechos más básicos de las personas”.
Los acuerdos rotos
María Natividad Guerrero es madre de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y suegra de Luis Ramón Enciso Ramírez, que después de la desaparición de ambos tuvo que criar a su nieto Diego, que entonces tenía tres años.
Además de buscar, en estos casi 15 años ha tenido que confrontar a las autoridades para exigir un trato digno y en esta ocasión no fue diferente.
Explicó que de último momento le informaron que Diego, su nieto, no podría leer la carta que llevaba preparada, que tampoco se les daría la palabra al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y al representante de la ONUDH, organizaciones que la han apoyado en su búsqueda, y que el fiscal del estado no pediría disculpas. Además, señaló que el gobierno estatal cambió en tres ocasiones la fecha del evento.
Ante la presión de los colectivos presentes, se permitió que Diego leyera la carta en la que expresó el duelo ante la falta de sus padres, y el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, emitió un breve mensaje similar al del secretario de gobierno, en el que nunca se asomó la palabra “disculpa”.
Al finalizar el evento, el secretario Zamora justificó no haber ofrecido expresamente disculpas a las familias y argumentó que se hizo un reconocimiento público de las omisiones cometidas por las autoridades en 2010.
