Ante la violencia armada y el tráfico de armas, la canciller Alicia Bárcena señaló que en América “nos encontramos ante una situación de emergencia”, compartida por varios países de la región, que debe de ser atendida y enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos humanos.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que la región americana ha sufrido de forma particular las consecuencias de la violencia armada con la proliferación de armas de fuego en manos de civiles.
En audiencia pública “Las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”, la secretaria de Relaciones Exteriores indicó que existe amplia evidencia sobre la forma en la que la disponibilidad de armas influye en el aumento de la violencia.
Las estimaciones nos indican que cada año se trafican ilegalmente a México 200 mil armas de fuego. Destacó que en nuestro país solamente existe un distribuidor y una tienda de armas situada en la Ciudad de México que es administrada por el Ejército, la cual vende, en promedio, 38 armas al día a civiles.
“La disponibilidad de armas adquiridas ilegalmente es mucho mayor, y tiene incidencia directa en la comisión de crímenes violentos. Las empresas que fabrican y distribuyen armas en el continente americano lo hacen sin prácticas que aseguren su trazabilidad, o que eviten de alguna forma el desvío hacia segundos propietarios.
“Esta información es conocida e ignorada por las empresas de armas, quienes se abstienen de tomar medidas para prevenir que los productos que fabrican y distribuyen terminen en manos de grupos criminales y, más aún, tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos”, señaló Bárcena.
