El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, reconoció al Gobierno de México por la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio.
La comunicación suscrita por Ivana Krstic, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, y por el experto independiente Graeme Reid, reconoció los esfuerzos para armonizar la tipificación y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional, establecer criterios y protocolos de investigación uniformes y consolidar los sistemas de información, incluido un registro de niñas, niños y adolescentes (NNA) en orfandad por feminicidio.
Destacaron también las iniciativas orientadas a consolidar los sistemas de información sobre violencia feminicida y a crear registros especializados, incluido el relativo a NNA en situación de orfandad por feminicidio.
Piden incluir a mujeres trans y trabajadoras sexuales
El grupo de expertos y expertas consideraron especialmente importante la inclusión de las mujeres transgénero dentro del ámbito de protección de la iniciativa.
“Quisiéramos subrayar que la identidad de género constituye una categoría protegida de forma autónoma en el Derecho Internacional de los derechos humanos, amparada bajo el principio fundamental de no discriminación”, indicaron.
Además, consideraron importante que la iniciativa aborde el asesinato de mujeres trabajadoras sexuales.
Nombran a Óscar Solera representante en México
Por otra parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) anunció el nombramiento del costarricense Óscar Solera como su nuevo representante en el país, quien cuenta con experiencia en derechos humanos, justicia transicional, Estado de Derecho, cooperación técnica y operaciones de paz en distintas regiones del mundo.
El organismo informó en un comunicado que Solera fue acreditado para encabezar la representación en México, responsable de monitorear la situación de los derechos humanos, brindar asistencia técnica a instituciones del Estado y acompañar a víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
