La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió ante una delegación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) que una eventual disminución presupuestal al Poder Judicial de la Federación (PJF) detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar prestando servicios a las personas más vulnerables.
Al reunirse con integrantes del GTDA, que realizan una visita de trabajo a México, Piña Hernández denunció que en México la justicia enfrenta retos relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
Demanda ciudadana
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 % anual”, sentenció.
En este marco, la ministra anunció la publicación de un protocolo para jueces y defensores públicos sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio a finales de año.