Durante las décadas de 1960 a 1980 el problema de las desapariciones forzadas tuvo su máxima expresión en la llamada Guerra Sucia.
El Estado mexicano era el principal artífice de la barbarie, porque se perseguía ilegalmente, se torturaba y desaparecía a personas opositoras al régimen, fueran activistas, estudiantes, luchadores sociales, campesinos, periodistas; es decir, todo aquel que fuera incómodo a los gobiernos autoritarios de los priistas Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).
Después, con Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) llegó la impunidad institucionalizada.
Apasionados por la violencia y por la persecución a sus opositores, estos gobiernos instrumentaron la impunidad como el mayor escudo del Estado para proteger a los suyos, participantes en esta maldad creciente.
Luego, llegado el inicio del nuevo siglo, con Vicente Fox Quesada en la presidencia se vendió la idea de la “transición democrática” que en los hechos solo se trató de la fusión del proyecto corruptor del PRI con la política de saqueo del PAN, garantizando impunidad a los mismos y negando la justicia a las madres y familiares que habían sufrido la desaparición de un ser querido.
Esta tendencia no cambió durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), ni con Enrique Peña Nieto (2012-2018); al contrario, se agudizó, porque ahora el Estado no era el único victimario, sino que se sumaba el crimen organizado, haciendo que las desapariciones fueran el pan de cada día en nuestro dolorido país.
A partir de 2018, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, comenzó la política de búsqueda de los desaparecidos para ir sanando heridas del pasado y abonar a un futuro de paz.
Sin embargo, seis años no fueron suficientes; por ello, como prioridad nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a mesas de diálogo entre el Gobierno Federal, los colectivos de búsqueda y las familias de personas desaparecidas para construir de manera conjunta una nueva ley.
Las mesas de trabajo que se realizaron fueron espacios de escucha activa, de confrontación con la realidad, de reconocimiento del Estado hacia las omisiones del pasado, pero también de esperanza.
Madres buscadoras, defensores de derechos humanos, expertos forenses y autoridades federales se sentaron en la misma mesa con un objetivo común: crear una herramienta legal útil, eficaz y humana que no solo norme, sino que transforme; que no solo regule, sino que repare.
Una ley que garantice coordinación real entre niveles de gobierno, que obligue a las instituciones a actuar con perspectiva de derechos humanos, que asegure presupuestos y tecnología, y que sancione la negligencia y el ocultamiento.
En este nuevo capítulo, el Estado mexicano da un paso importante para enfrentar un problema doloroso y estructural. Hoy, más que nunca, México necesita que la búsqueda de nuestros desaparecidos sea política de Estado y no una penosa carga para las familias.
Con la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las víctimas ya no estarán solas.
