En momentos en que se analiza la iniciativa de Ley Aduanera y la Ley de Amparo en el Congreso mexicano, organismos del sector privado consideraron que deberían hacérseles ajustes a esas propuestas para que atraigan inversión y den seguridad jurídica ante los cambios.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la iniciativa de Ley de Amparo limita los efectos generales de las sentencias y reduce la eficacia del mecanismo.
El presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, Domingo Ruiz López, dijo que les preocupa la iniciativa de amparo porque “limita el acceso a la justicia, la defensa y la protección a los derechos humanos en muchos aspectos, entre ellos de las empresas, en la defensa fiscal, en la prescripción de créditos fiscales, en la suspensión que puede dar un juez cuando hay un acto de abuso de una autoridad y el juez puede parar ese acto de abuso para que la empresa siga operando”.
Agregó que el problema está en que el derecho de una persona a evitar abusos de autoridad “no podrá seguir adelante”.
Comentó que los cambios proponen que solo la persona afectada, que pueda demostrar la afectación directa, podrá promover el amparo, lo que impide que se presenten casos de interés colectivo, lo que en su opinión “reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a los ciudadanos, emprendedores y empresas”.
Se restringe también “la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica”.
Vulnerabilidad de la seguridad jurídica
Por otra parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dijo que le preocupa que hay “facultades discrecionales sin límites claros que vulneran la seguridad jurídica en la iniciativa de Ley Aduanera”.
Considera que hay “sanciones desproporcionadas que no distinguen entre errores administrativos y conductas dolosas, contradiciendo el principio de proporcionalidad que debe estar presente en disposiciones normativas”.
