El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León advirtió que la reforma recién promulgada es una atrocidad que destruirá al Poder Judicial y enterrará a la democracia mexicana.
Al participar en la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), el exmandatario denunció que el “objetivo perverso” del presidente Andrés Manuel López Obrador es arrasar al actual Poder Judicial, para convertirlo en uno dócil que siga los lineamientos del partido en el poder.
Zedillo Ponce de León calificó la reforma judicial como una “felonía histórica” y a sus promotores de la 4T como “antipatrias”.
Recalcó que “la frustración del presidente, al no contar con una Corte sumisa, ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal, la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”.
Zedillo advirtió que “queda claro” que el presidente será inmensamente poderoso para combatir cualquier disidencia, “todos los principios esenciales del Estado de derecho podrán ser pisoteados”.
Ante una audiencia de expertos en Derecho de todo el mundo, entre ellos la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia; y Margarita Ríos Farjat, así como los ministros Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, el expresidente inició su mensaje subrayando que la “dañina” reforma judicial y sus implicaciones ameritan su reaparición pública, luego de mucho tiempo de silencio autoimpuesto.
“Esa regla, que no he roto en ya casi un cuarto de siglo, es la de dejar estrictamente a otros la labor de hacer comentarios, análisis y escrutinio de los acontecimientos, decisiones y consecuencias de mi paso como presidente de la República, junto con mi firme voluntad de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de mi país”.
En su discurso de cerca de una hora, Ernesto Zedillo explicó que con esta reforma, las elecciones judiciales serán una “grotesca farsa” en la que los candidatos a jueces, magistrados y ministros surgirán de listas que serán determinadas por el Ejecutivo y el Congreso, ambos controlados por un mismo partido político, además de que también intervendrá el crimen organizado.