El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que la reforma educativa debe estar blindada de presiones e improvisaciones y en este proyecto el gobierno de López Obrador debe conocer y reconocer los derechos que existen en México en materia educativa.
A través de la diputada Ana Lilia Herrera, el tricolor advirtió que el derecho a la educación está garantizado en la Constitución Política de México como componente indispensable para el desarrollo humano, social, económico, por tanto “no puede ser concebido como logro de una administración o un grupo de presión”.
A partir del reconocimiento de ese derecho, los legisladores, gobiernos, padres de familia tienen la encomienda de brindar condiciones de calidad y equidad a los alumnos.
En ese rol, sentenció la legisladora, los maestros también son alumnos y si bien tienen el derecho de acceder a la capacitación, están obligados a someterse a evaluaciones periódicas.
Compromiso
Los legisladores, explicó, “estamos llamados a garantizar en la norma, el acceso universal, establecer las funciones claras y obligaciones para que la administración pública federal, las administraciones locales, independientemente de ideologías, puedan actuar en favor de quienes reciben la educación, así como el estricto apego a los derechos y obligaciones de quienes la imparten”.
“No podemos actuar por revancha y así lo debe entender el gobierno federal, porque mañana puede estar alguien más y el interés de los mexicanos sigue siendo el mismo; la ley debe estar blindada contra ocurrencias, improvisaciones”, insistió.
Las leyes, puntualizó, están para cumplirse y la sociedad con esta práctica se daría por bien servida; la población no espera que los políticos “inventen el hilo negro” porque están ciertos de que no todo lo que se ha hecho está mal hecho y prueba de ello es “que la gran mayoría de los mexicanos son hijos de escuelas públicas y sabemos de la enorme calidad que tienen nuestras maestras y maestros”.
