En el marco del análisis de una posible reforma político-electoral, es indispensable poner en el centro del debate la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG).
La persistencia de la violencia política no solo vulnera a las víctimas directas, sino que debilita la calidad democrática en su conjunto. Por ello, es necesario fortalecer el marco normativo e institucional en esta materia, con el objetivo de garantizar condiciones reales de igualdad y no discriminación para todas las mujeres en el ámbito político.
En ese sentido se debe pensar en la regulación ética de medios y redes sociales. Crear un código ético o reformas a la Ley de Radio y Televisión y la Ley de Comunicación para sancionar violencia simbólica y estigmatización de mujeres políticas.
Responsabilidad de las plataformas digitales. Establecer responsabilidad de plataformas digitales para atender con celeridad denuncias de violencia política digital.
En lo que toca al Registro Nacional de Personas Infractoras podría establecerse en ley el registro de personas infractoras de VPG en el Catálogo de Sujetos Sancionados, su regulación, la temporalidad que deben aparecer en ella y efectos vinculantes que podrían activar la inhabilitación de una persona para ocupar cargos de elección popular.
También se podría modificar al Régimen Especial Sancionador, a través de reglas en la propaganda. La legislación debe ser expresa y categórica en prohibir el uso de estereotipos de género en la propaganda política y electoral.
La ley debe establecer que, en los casos de VPG procede la reversión de la carga de la prueba a favor de las mujeres que son víctimas.
La normativa electoral debe estipular que las infracciones por VPG se deben calificar como graves y las sanciones deben ser más severas, a fin de inhibir la comisión de la infracción, tales como pérdida de registro.
En el caso de servidores públicos; la legislación debe incluir las sanciones a estos por la comisión de VPG, incluyendo la suspensión y destitución en el cargo.
Pero también se debe prever causas de nulidad por VPG, siempre que las infracciones queden plenamente probadas y sean determinantes.
Así debe existir un protocolo obligatorio para autoridades electorales, policiales y judiciales que atiendan casos de violencia política, con enfoque interseccional.
Educación obligatoria con enfoque de género en política. Establecer módulos de formación en género y violencia política para todos los funcionarios públicos, partidos políticos y candidatos.
La construcción de una democracia libre de violencia requiere más que declaraciones de buena voluntad: exige reformas concretas, eficaces y con enfoque de género interseccional.
La idea es buscar cerrar las brechas normativas e institucionales que aún permiten que la violencia política contra las mujeres persista y, en muchos casos, quede impune.
La reforma que México necesita debe tener rostro de mujer y una firme decisión de no tolerar más exclusión ni violencia en la vida pública.
