La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que colabora en el combate al crimen organizado y la corrupción, expresó su beneplácito por la aprobación legislativa de reformas al Ministerio Público-Fiscalía General.
El Congreso (unicameral, conformado por 158 diputados) autorizó recién la semana pasada las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), institución responsable de la persecución del delito.
La CICIG, dependencia de las Naciones Unidas que colabora con el MP, afirmó que el cambio “contribuirá a fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público” de Guatemala.
El titular de la CICIG, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, consideró que las reformas facilitarán a la Fiscalía General realizar un trabajo “de manera independiente y efectiva”.
Sectores pro justicia habían expresado su temor de que las modificaciones incluyeran la otorgación de un poder ilimitado al presidente de la República para destituir al titular del MP, como ha ocurrido en las sucesivas administraciones de gobierno.
Con el cambio de las normas se estableció que el mandatario deberá dejar que los titulares del MP concluyan los mandatos para los que fueron designados y únicamente podrán ser destituidos por causa justificada, como la comisión de un delito o corrupción.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de Guatemala coincidió en valorar como positiva la reforma.
El titular de la OACNUDH, Alberto Brunori, dijo que los cambios en la nueva ley del MP “van en línea con lo recomendado al Estado de Guatemala por el Alto Comisionado en sus distintos informes anuales”.
Señaló que tras su visita al país en 2009, el entonces relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Leandro Despouy, recomendó al Estado fortalecer la carrera fiscal.
Ambas entidades internacionales estimaron que la aprobación por parte del poder Legislativo representa “un primer paso del Estado para responder a las reformas solicitadas por la ciudadanía en 2015”.
En abril del año pasado el MP y la CICIG anunciaron la desarticulación de un grupo criminal y de corrupción en la autoridad recaudadora de impuestos, encabezado por autoridades.
El caso conocido como La Línea, investigado por la CICIG y el MP, derivó en una serie de protestas que obligaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina el 3 de septiembre y de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo. Ambos guardan prisión provisional por corrupción.
